El objetivo de este trabajo es reducir la brecha existente en materia de acceso a la justicia, de las poblaciones en condición de vulnerabilidad, de cara a la humanización del servicio, a la promoción de un cambio en la cultura judicial libre de estereotipos y prejuicios estigmatizantes, y respetuosa de los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial. El texto está adaptado a la realidad social y jurídica de Costa Rica pero las acciones pueden servir como ideas para implantación en otros países.
Dentro del equipo que ha elaborado el presente protocolo se encuentra Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA.